9
 
 

Compartimos el artículo “La nueva ley de hidrocarburos y las inversiones” publicado por Hugo Martelli en el Anuario 2020 de la Revista “Energía y Negocios”.

Funcionarios y legisladores nacionales y provinciales anuncian con denuedo la sanción de una “nueva ley de hidrocarburos” que dará solución a la falta de inversión y producción en el sector, y podría reemplazar a la Ley 17319 que lleva ya 53 años de vigencia.

La Ley 17319 fue sancionada por un gobierno de facto, pero quienes la redactaron, sabían lo que hacían: Clara, concisa y versátil; apta tanto para posibilitar el desarrollo estatal, o mixto, o privado de la industria petrolera, con posibilidad de intervenir el mercado de exportación mediante el pago a los productores de precios internacionales, ha sobrevivido felizmente hasta hoy.

Contrariamente a lo que suele creerse, quien, sobre la base de la Ley 17319 cambió la cara de la industria en Argentina, no fue el Presidente Menem sino el Presidente Alfonsín: Agobiado por el desabastecimiento y la sangría de divisas, Alfonsín lanzó en agosto de 1985 el llamado “Plan Houston” otorgando pago en divisas o en crudo de libre disponibilidad a las empresas que se sumaran al plan de exploración (Decreto 623/87, 8 h), incluyendo en los contratos una garantía del Banco Central.

Para cuando el Presidente Menem lanzó el plan de privatización y desregulación de la industria petrolera (Decretos 1055/89, 1212/89 y 1589/89), casi cien empresas nacionales y extranjeras exploraban y/o producían petróleo y gas en tierra y en el Mar Argentino.

El Decreto 1589/89 afianzó en 1989 las garantías otorgadas por el Plan Houston convirtiendo esos contratos y los Contratos de Producción de Crudo, por acuerdo de partes, al llamado “Régimen de Libre Disponibilidad”, incorporando un 70% de libre disponibilidad de la producción o divisas, libre acceso al transporte doméstico por ductos y hasta los puertos de exportación, e indemnizaciones tarifadas en caso de restricciones a las exportaciones, en un marco de integración energética regional y garantías internacionales de inversión.

Agotadas en 2012 las inversiones del Régimen de Libre Disponibilidad con las que se había alcanzado el autoabastecimiento y la exportación sostenida de petróleo y gas, la Presidenta Fernández de Kirchner, luego de expropiar a YPF SA con base en la “Ley de Soberanía Hidrocarburífera” 26741, volvió promover la inversión petrolera renovando la promesa de libre disponibilidad de producción o divisas a quienes desarrollaran proyectos de USD 1000 millones (Decreto 929/13, artículos 6 y 7), umbral este bajado a USD 250 millones por la Ley 27007 de hidrocarburos no convencionales y costa afuera (artículo 19), cuyos beneficios, sujetos a la discrecionalidad del Estado, fueron hasta hoy solo otorgados a un productor.

El Presidente Macri, por su parte, incluyó la libre disponibilidad de divisas y de producción al “Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1” (Resol.SGE 65/18, Anexo 3), a ser incorporada en el título del correspondiente Permiso de Exploración, sin resultados visibles aún dado lo temprano del proceso de exploración.

Por último, como nota de color, el recientemente aprobado “Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino” (Decreto 892/20) del Presidente Fernández otorga acceso al mercado cambiario, de manera discrecional, para girar divisas al exterior como utilidades y dividendos (BCRA, Com “A” 7168), a aquellos productores que desarrollen proyectos de gas conforme al decreto, pero sin otorgar al productor un derecho irrevocable.

¿Qué se puede esperar de una “nueva ley de hidrocarburos”? ¿Acaso una nueva promesa de libre disponibilidad?

Una “nueva ley de hidrocarburos” no dará solución a la falta de inversión y producción en el sector, y una modificación sustancial, o peor aún, un reemplazo de la Ley 17319 solo generaría mayor incertidumbre y desconfianza, máxime en un escenario donde el Estado Nacional y las Provincias no están siempre dispuestas a coordinar sus políticas regulatorias ni menos aún fiscales.

Solo el ejercicio continuo y responsable por parte del Estado Nacional y de las Provincias de una autoridad razonable y sujeta a la ley y a la institucionalidad republicana dará la muestra que los inversores necesitan para llevar adelante sus proyectos e inversiones.

Hugo Martelli